I. Palabras Preliminares

Deseo ante todo agradecer a los organizadores de este Seminario la oportunidad que me han dado de exponer ante ustedes. Ellos saben que desde hace varios años, y especialmente desde la publicación de mi libro: “Empresa de trabajadores y economía de mercado” en 1982, vengo postulando la necesidad de una profunda renovación del Cooperativismo, como requisito para su desarrollo en vistas de cumplir en la situación y en el contexto contemporáneo sus propósitos esenciales de ser un modo alternativo de hacer economía, portador de nuevos modos de pensar, de sentir, de relacionarse y de operar (1).

Me propongo expresar en la forma más clara posible mis ideas al respecto, con el objeto de suscitar un debate enriquecedor: aunque por las limitaciones de tiempo no será posible avanzar más allá de algunas formulaciones generales, sin entrar en mayores detalles ni matices que serían necesarios para profundizar el asunto, y que he expuesto en mis publicaciones sobre el tema.

Como me propongo hacer algunas afirmaciones fuertes y conflictivas, debo empezar precisando el punto de vista desde el que las hago, pues el Cooperativismo ha sido tan golpeado y criticado por sus adversarios de derecha y de izquierda que los cooperativistas han debido cerrar filas en su defensa y reafirmación. Debo precisar entonces que me cuento entre los que aman el Cooperativismo, la autogestión y otras formas de economía solidaria; soy de los que tienen fe en sus realizaciones, en sus valores y potencialidades; y mantengo viva la esperanza en su desarrollo y en el despliegue de todas sus virtualidades latentes, en beneficio del hombre y de la comunidad. Mis planteamientos críticos tienen la sola intención de contribuir a la renovación y desarrollo del Cooperativismo, no a su instrumentalización o a algún otro propósito que podría dañarlo.

II. Viejos problemas y nuevas realidades y desafíos

Plantearé mis constataciones críticas y mis interrogantes en tres niveles: el de las unidades de base, es decir, a nivel de las empresas cooperativas; el de los organismos de integración, es decir, a nivel sectorial, de las organizaciones de segundo y tercer grado; y a nivel del Proyecto Cooperativo, es decir, respecto al tema de las potencialidades que tenga el Cooperativismo de participar en un proyecto de transformación global de la economía y de la sociedad.

Al nivel de las unidades o empresas cooperativas constatamos un conjunto de debilidades y problemas que les dificultan su crecimiento en un contexto de competencia con las empresas de tipo capitalista. Hay ciertos problemas recurrentes: una insuficiencia crónica de capitales propios, junto a dificultades para conseguir financiamientos crediticios; un escaso dinamismo comercial; insuficiente movilidad de algunos factores productivos, y en particular del factor trabajo; retardo en la asimilación de innovaciones tecnológicas; problemas de gestión, en términos de asegurar la real participación de sus integrantes, y de alcanzar al mismo tiempo la adopción de decisiones eficientes y oportunas, equilibrando las exigencias de seguridad y conservación con las necesidades de riesgo e innovación.

Dificultades aparecen también en las organizaciones de segundo y tercer grado, esto es, en el proceso de integración entre Cooperativas al nivel de la formación de un movimiento y de un sector económico-social cooperativo. En este plano tienden a generalizarse confusiones entre las funciones de representación y aquéllas de coordinación para actividades económicas conjuntas. Para el cumplimiento de las funciones de representación puede ser conveniente la más amplia unidad entre las Cooperativas; pero para desarrollar en conjunto operaciones económicas (abastecimiento, comercialización, intermediación, etc.) debe tenerse en cuenta conveniencias concretas, beneficios y costos de la integración. El no tener en cuenta las diferencias de criterios válidos para esos tipos distintos de integración lleva a menudo a un tipo de integración que no siempre beneficia a las Cooperativas integrantes, con la consiguiente dificultad para convocar las unidades de base a participar y comprometerse con los organismos de segundo y tercer grado.

A nivel del desarrollo cooperativo en general, la constatación crítica es que no obstante el desarrollo efectivamente alcanzado en todo el mundo, el Cooperativismo ha manifestado límites y crisis en su crecimiento, y no ha llegado a imponerse como sujeto histórico autónomo dotado de efectiva capacidad de dirección de los cambios económicos y políticos. Y no obstante sus altos valores morales y el elevado consenso social que ha logrado como sujeto real de acción económica, social u cultural, el Cooperativismo se ha mantenido en un plano subordinado respecto a las grandes tendencias tanto del mercado y la economía como de la cultura y la acción transformadora. Su aporte a la transformación social ha estado muy por debajo de las expectativas.

Al hacer estas constataciones críticas y este relevantamiento de limitaciones y problemas estamos –evidentemente- mostrando sólo una cara de la realidad; la otra es la cara positiva, la de los logros y resultados efectivamente alcanzados, que muestran un Cooperativismo extendido por todo el mundo, presente en todas las ramas de la economía, que se ha mostrado capaz de atraer y convocar multitudes de personas y grupos que optan por el Cooperativismo para hacer frente a sus necesidades y para satisfacer sus aspiraciones. Pero el asunto no es comparar logros y deficiencias para ver si el resultado global es positivo. De esto no tengo la menor duda. La cuestión es saber si es posible superar y eliminar los problemas y dificultades reales para alcanzar cuentas aún más positivas, esto es, para que la opción de las personas por el Cooperativismo implique un mínimo de costos y sacrificios y un máximo de beneficios y satisfacciones.

Alcanzar un sustancial mejoramiento y una nueva expansión del Cooperativismo no es sólo cuestión de interés para los cooperativistas. Resulta que actualmente la sociedad está viviendo una crisis sin precedentes, y que precisa con urgencia de caminos alternativos. Mi tesis es que el Cooperativismo puede constituir una solución verdadera a los problemas más graves que viven nuestras sociedades, especialmente las que sufrimos el subdesarrollo. Pero nada garantiza que efectivamente la sociedad se encamine por la senda de esta solución. Ante situaciones de crisis análogas a las actuales, que también habrían podido ser enfrentadas conforme a la superior opción cooperativista, los hombres y las sociedades siguieron caminos distintos no siempre convenientes. Y ello en parte se ha debido a que el Cooperativismo no ha estado en condiciones de presentarse como una alternativa real, precisamente por los problemas y limitaciones que he señalado anteriormente. Actualmente la situación no es tan distinta, y nuevamente corremos el peligro de no encontrar las formas apropiadas de superar la crisis, porque el Cooperativismo no es lo suficientemente convincente y atractivo como para suscitar nuevos y amplios procesos económicos, sociales y culturales.

La idea cooperativa aparece como respuesta lógica ante una serie de los problemas cruciales y más graves que enfrentan nuestras sociedades. Empecemos por el problema más obvio: la desocupación. En Chile la desocupación alcanza dimensiones extraordinarias, que indudablemente se explican por las características extremas que ha adoptado en nuestro país el modelo económico; pero la desocupación creciente es un problema que afecta a todas las sociedades latinoamericanas, cualquiera sea su régimen político y las características de sus modelos económicos. El problema afecta de manera aguda también a las naciones desarrolladas. Pues bien, frente a la desocupación –resultado del hecho que los organizadores de la producción, sean empresas privadas o los aparatos públicos, no están en condiciones de ocupar toda la fuerza de trabajo existente o incluso reducen la contratación de trabajadores- surge espontáneamente como posible respuesta la organización cooperativa de los trabajadores desocupados, para trabajar asociativamente por cuenta propia, creando unidades económicas bajo su propio control. De hecho en nuestro país, surgen por doquier talleres laborales, pequeñas unidades productivas autogestionadas, en las que los trabajadores cesantes o la fuerza de trabajo secundario buscan desarrollar iniciativas autónomas. Éstas no son propiamente cooperativas en el sentido integral del término; las personas que así proceden pueden desconocer lo que son las Cooperativas, e incluso estar en contra del Cooperativismo; pero de hecho el tipo de solución que buscan es en su esencia de tipo cooperativo y autogestionario.

Algo similar sucede con otros problemas sociales: los problemas de alimentación y consumo insatisfactorios, debido a la insuficiencia de los ingresos familiares, han dado lugar a la formación de distintos tipos de asociaciones informales: los “comprando juntos”, los comités de abastecimiento, las ollas comunes, los huertos comunitarios. En todas estas iniciativas encontramos el principio cooperativo en acción: la búsqueda de solución a los problemas comunes mediante la ayuda mutua y la puesta en común de los recursos y capacidades disponibles.

Frente a los problemas de vivienda, o de salud, o de educación, la formación de comités de damnificados, de pobladores sin casa que buscan respuestas mediante iniciativas de autoconstrucción asociativa, o de comités de salud, o de iniciativas de capacitación y educación popular organizadas por los mismos que viven los problemas, buscando para todo ello la colaboración solidaria de todas las instituciones y personas dispuestas a contribuir... Todo ello es Cooperativismo en ciernes, autogestión de hecho, que muchas veces no sabe que lo es o simplemente no está interesada en definirse como tal.

Las organizaciones de estos tipos son muchas, miles en nuestro país, y las familias y personas que se integran a ellas son tantas que podemos pensar que se trata de un verdadero fenómeno social. ¿Qué nos enseña esta realidad? ¿Acaso que estas diferentes y heterogéneas formas de organización económica popular son eficientes, han superado sus problemas organizativos y no presentan las limitaciones que enumeramos al comienzo respecto del Cooperativismo? Ciertamente, decir eso sería desconocer la realidad, porque no cabe duda que los problemas y limitaciones que enfrentan actualmente los talleres laborales, los comprando juntos, las ollas comunes, etc., son incluso muchísimo más graves que los que dificultan el crecimiento de las Cooperativas propiamente tales. Pero es otra cosa lo que estas experiencias nuevas de organización económica popular nos enseña. A saber, y en primer lugar, que la cooperación es la línea de respuesta natural que surge de los sectores populares enfrentados a problemas y necesidades cruciales. En segundo lugar, que la respuesta cooperativa surge fluidamente allí donde ella no se impone con un conjunto de formalidades y rigideces sino que emerge como un proceso de experimentación social donde caben formas heterogéneas de organización, libremente adoptadas por sus integrantes. En tercer lugar, que el Cooperativismo tiene una responsabilidad muy seria frente a estas organizaciones, en el sentido que tiene mucho que enseñarles en base a su propia experiencia.

Pero hay más en todo esto. Recapitulemos los principales datos de la situación, tal como la hemos analizado; en base a ello podremos precisar mejor los desafíos y tareas que se abren hoy ante el Cooperativismo.

De la gravedad de los problemas sociales y de lo más hondo de la crisis que vive nuestra sociedad, surge una economía popular de solidaridad, no como respuesta teóricamente elaborada sino como solución práctica y espontánea de parte de los sectores más afectados, para hacer frente a sus necesidades. Esto está demostrando que frente a la crisis, desde los sectores populares que la sufren más directamente, emerge una fuerte demanda de cooperación. (2)

La respuesta cooperativa y autogestionaria surge actualmente también de muchos intelectuales que, al analizar las características de la crisis económica, social, política y cultural de nuestras sociedades, llegan a ver en el Cooperativismo los rasgos de una posible alternativa.

Pero el Cooperativismo como tal, en las formas concretas en que se ha expresado históricamente, presenta problemas y dificultades serias, que hace que muchos lo cuestionen y se desanimen del camino que –sin embargo- tanto la necesidad práctica como la teoría racional les sugiere. De persistir esos problemas reales y concretos, por más que se busque en el Cooperativismo una respuesta a la crisis y a los problemas sociales, es posible que se verifique transitoriamente un crecimiento y una expansión del Cooperativismo: pero éste continuará siendo un fenómeno social subordinado, que no logrará encauzar las búsquedas de la alternativa necesaria.

Ante esto es que se plantea como exigencia crucial de la hora actual, una profunda renovación del Cooperativismo. Y ello, en los tres niveles en que hemos podido constatar sus problemas y limitaciones. Más en concreto, los desafíos principales que debemos enfrentar son los siguientes:

Repensar la empresa cooperativa, en vistas de alcanzar un modo de operación más eficiente, especialmente en orden a mejorar su relación con el factor financiero, a incrementar su dinamismo comercial, a dinamizar sus innovaciones tecnológicas, a flexibilizar el tratamiento dado al trabajo, a perfeccionar sus sistemas de gestión y participación.

III. Un nuevo tipo de empresa cooperativa

No tenemos tiempo aquí para proponer más detalladamente lo que pensamos que implica este primer desafío. En el mencionado libro “Empresa de trabajadores y economía de mercado” formulo una propuesta al respecto, que puedo presentar ahora apenas en sus fundamentos. La idea que guía esa propuesta es que las causas profundas de los problemas y limitaciones de las empresas cooperativas son de tipo estructural y no solamente de carácter organizativo y operacional; estructural, en el sentido que derivan nada menos que del concepto de empresa que se ha difundido en el Cooperativismo, de las formas de propiedad que se han tendido a adoptar, de los mecanismos de gestión que se han adoptado. Mi tesis es que es posible y necesario cambiar varios criterios al respecto, sin que ello implique alterar en nada la esencia del Cooperativismo, sino por el contrario, alcanzar una más perfecta coherencia de la estructura de las Cooperativas y en consecuencia de su modo de funcionamiento, con su esencia constitutiva.

Según esta tesis se propone un modelo tipo de empresa cooperativa con las siguientes características básicas:

a) El objetivo operacional es obtener utilidades como empresa. La idea es que se reconozca a la empresa en cuanto tal como sujeto económico: como tal puede tener beneficios y pérdidas, independiente de sus socios integrantes. Naturalmente, los beneficios de la empresa recaerán sobre los socios que la integran; pero la empresa puede destinar las utilidades (o parte de ellas) no sólo a su distribución entre los socios sino también a otros usos, tales como inversiones en la misma empresa, operaciones financieras, etc. En la concepción tradicional del Cooperativismo, en cambio, la Cooperativa es considerada sólo como una unidad gestora de economías individuales, siendo los socios mismos los únicos titulares directos e inmediatos de los beneficios (en efecto, sí la Cooperativa genera excedentes se postula su repartición prorrata entre los socios).

b) Con respecto a la situación en que se encuentra el capital y al tratamiento que recibe, la idea es considerarlo como uno de los factores económicos propios de la empresa. El hecho de ser factor propio significa que se encuentra subordinado a los objetivos económicos de la categoría organizadora; precisamente tal subordinación implica buscar su máximo rendimiento y rentabilidad, en términos de que su contribución al beneficio global sea el mayor posible. En tales condiciones carece de sentido remunerarlo con un “interés limitado”; la remuneración que le corresponde no es un interés (que es la forma de remunerar el financiamiento externo) sino una determinada participación en las utilidades, que ha de buscarse lo más proporcional posible a su aporte al producto global. En tales condiciones la empresa cooperativa estaría en condiciones de convocar aportes de capital, superándose una de sus deficiencias crónicas.

c) Los dos puntos anteriores tienen repercusión directa en la cuestión de la propiedad en las Cooperativas. Si la empresa como tal tiene utilidades, y si el capital es propio y como tal tiene su parte en la distribución de los excedentes, la cuestión de la propiedad de la empresa es decisiva, y no puede resolverse adecuadamente ni con la forma de la propiedad social o colectiva, ni en la forma de una propiedad en que a cada socio le corresponda solamente en proporción a sus pagos de cuotas y aportes en dinero. En efecto, si la empresa ha formado un capital propio en base a la utilización de los excedentes generados en su operación, la propiedad de ellos corresponde a los socios en proporción a su específica contribución en términos de trabajo. Ello daría lugar a una forma de propiedad que hemos denominado propiedad personal repartida (que no es ni la propiedad privada capitalista ni la indiferenciada propiedad social), cuya implementación práctica podría hacerse con un sistema modificado de acciones de trabajo (una forma relativamente fácil de implementar, parecida a la de la sociedad anónima cerrada, con la diferencia de que los aportes correspondientes a las acciones no son sólo en dinero sino en unidades equivalentes a jornadas de trabajo).

d) Respecto a la distribución de las utilidades, hay que distinguir dos cuestiones diferentes. La primera se refiere al destino que se le da al monto total de excedentes: una parte es repartida entre los socios como remuneración directa de su aporte a la empresa, y la otra parte es capitalizada por la empresa (dando lugar a la correspondiente emisión de acciones de trabajo). Cómo se repartan los excedentes entre ambos destinos debe ser decidido por los socios en los organismos correspondientes. La segunda cuestión –que requiere en cambios precisos criterios previamente definidos- se refiere a las proporciones en que los excedentes serán asignados (sea en dinero o en acciones) entre los socios. En conformidad con lo expuesto anteriormente, tal distribución debe hacerse diferenciadamente, teniendo en cuenta tanto los diferentes aportes efectuados en trabajo directo (tiempo trabajado y calificación del trabajo), como las cantidades de acciones de trabajo en poder de cada socio.

e) La cuestión de la admisión y retiro de los socios resulta eficaz y racionalmente resuelta en empresas que adopten los criterios hasta aquí expuestos. Por un lado no surgirán resistencias a la admisión de nuevos socios (cuando ello sea conveniente a la Cooperativa) puesto que el hecho de ser más los socios no implica compartir con los nuevos el resultado acumulado del propio trabajo. En efecto, los nuevos socios comenzarán a participar de la propiedad de la empresa a medida que hagan aportes reales (en cuotas o en trabajo), sin que se dé ninguna transferencia no deseada de los antiguos socios hacia los nuevos. Y por otro lado, no surgirán resistencias a la inversión de utilidades en la empresa y a su capitalización, pues todo incremento de capital queda transparentemente asignado a los socios con las consiguientes acciones. Y cuando un socio se retire, o cuando la empresa cierra sus operaciones, cada socio podrá recuperar su aporte acumulado en la empresa a lo largo del tiempo, en proporción a las acciones que posea.

f) Todas las cuestiones anteriores tienen implicaciones sobre el decisivo tema de la gestión y el poder de decisión en las Cooperativas. El asunto más delicado dice relación con las cuotas individuales de participación. El principio cooperativo tradicional “un hombre, un voto”, puede ser mantenido. Pero cabe advertir que una estricta aplicación del criterio según el cual la empresa como tal es sujeto económico y la propiedad sobre ella es personal repartida en términos proporcionales pero no igualitarios, sugeriría postular un mecanismo de participación diferencial: esto es, que el poder de gestión se reparta entre todos los socios teniendo cada uno una cuota de poder proporcional a su contribución a la empresa tanto en trabajo directo como en trabajo acumulado (acciones). Así, los trabajadores antiguos tendrán mayor influencia en las decisiones que los recién incorporados, y en genera el que aporte más (y por tanto arriesga más) tiene mayores responsabilidades y derechos de gestión. La diferencia con las empresas capitalistas y sociedades anónimas es que aquí todos participan, y lo hacen en proporción a su aporte global (y no sólo en dinero).

El modelo de empresa de trabajadores propuesto deriva de una estricta aplicación de tres principios generales: que el trabajo (o el consumo, el ahorro o la categoría básica de la actividad propia de la Cooperativa) se constituye en el elemento organizador que busca la mayor valorización de sí misma; que la empresa opera en base a relaciones de intercambio, sin que se verifiquen transferencias implícitas y donaciones no deseadas; y que en su interior rige un principio estricto de justicia. Dicho modelo da lugar a empresas que pueden operar con eficiencia en una economía de mercado, superando algunas limitaciones que se ha podido constatar en el Cooperativismo tradicional, y que hemos anteriormente enunciado.

Ahora bien, cabe preguntarse si dicho modelo con sus criterios de eficiencia y racionalidad no estará concediendo demasiado al espíritu y a los procedimientos del mercado capitalista. ¿No se perderá en conciencia y en método solidario lo que se gana en realismo y adaptación a las condiciones de la economía moderna? Al acentuar la racionalidad y rigurosidad económica, ¿no se llegará a empequeñecer aquellas dimensiones culturales y transformadoras propias del Cooperativismo? Estas cuestiones constituyen inquietudes legítimas, que requieren ser meditadas en profundidad.

Al respecto, nos limitamos aquí a proponer un par de reflexiones. La primera, que este modelo de Cooperativas puede ser uno entre varios otros alternativos posibles, y no pretendemos absolutamente que todas las Cooperativas o el movimiento como tal lo adopten. Sólo aspira a que sea reconocido como auténticamente cooperativo, junto a otros, y adoptado por quienes estimen que responde adecuadamente a sus intereses y a su modo de pensar. Lo que proponemos es, pues, una opción entre muchas, que tiene a su favor solamente su mayor adaptación a las condiciones económicas generales, y por tanto una mayor viabilidad económica; pero es cierto que ello puede implicar algunos costos o pérdidas en otros aspectos. En realidad, no hay nada perfecto, y cualquier opción implica sacrificar algo por garantizar algún otro valor.

La segunda reflexión es esta: los proyectos y los modelos organizativos son válidos cuando son realizables, y son realizables cuando parten considerando a los hombres tal como son realmente. En este sentido, una empresa cooperativa con la estructura enunciada no exige de sus miembros, ni los fuerza a comportarse y decidir, con criterios éticos particularmente altruistas, desinteresados y generosos; exige solamente la aplicación de estrictos criterios de justicia. ¡Y vaya si habría un avance trascendente en la economía con la difusión de empresas justas!

Hay en este modelo de empresas y en su modo de operación, un nivel de exigencias que el hombre y el trabajador común de nuestras sociedades puede satisfacer. La experiencia tradicional del Cooperativismo indica que los resultados exitosos estables se obtienen ahí donde el grupo humano está formado por personas particularmente generosas, que han sido educadas en una ética social y personal superior, y que muchas experiencias fracasan precisamente por “deficiencias humanas y morales” de sus miembros. En cambio, el modelo de empresa cooperativa aquí propuesto no plantea tantas condiciones éticas como condición de su eficiencia económica; por eso es probable que el resultado humano y social sea algo inferior que el de las unidades y grupos más solidarios e integrados. Pero podrá haber una mayor extensión de las Cooperativas, y el Cooperativismo y la autogestión podrán ser adoptados por las personas y trabajadores comunes y corrientes, que aspiren simplemente a trabajar en base a relaciones justas, sin ser explotados como en el capitalismo. Por cierto, esto es fundamental si queremos un Cooperativismo que sea capaz de canalizar tantas iniciativas populares que surgen más por necesidad económica de las personas que por opción consciente por este tipo de respuestas económicas.

IV. Buscar otros modos de integración cooperativa

Nos hemos extendido en la descripción de una posible respuesta al primer desafío, de repensar la empresa cooperativa. Debemos decir también algo sobre los otros dos desafíos planteados: pero el tiempo disponible no nos permite más que el simple enunciado de la perspectiva general en que pensamos podría abordarse el segundo de ellos, a fin de detenernos algo más en el tercero.

El segundo desafío es el de repensar las articulaciones entre las unidades que componen el sector cooperativo, de modo de alcanzar formas superiores de coordinación e integración, profundizando también aquí la coherencia con lo esencial del modo de ser, de relacionarse y de actuar del Cooperativismo. En tal sentido, toda instancia de representación e integración debe entenderse como una prolongación y ampliación de la esencia del Cooperativismo, que es el enfrentamiento y superación de los problemas compartidos mediante la ayuda mutua y la cooperación recíproca.

Con respecto a este desafío, la idea principal que tenemos es la de pensar un modelo distinto al actualmente difundido –que no parece precisamente propio del Cooperativismo sino que ha sido adaptado por éste a partir de la forma de organización sindical (con sus federaciones, Confederaciones y Centrales)-. Partiendo de la base de una estricta separación entre integración con fines de representación e integración con fines operativos, pensamos para la primera en la forma de las que hoy conocemos como redes horizontales cuyos elementos de vinculación entre las distintas unidades componentes no implican delegación de poderes sino vínculos de información y comunicación. Y para la integración con fines operativos sugerimos la constitución de al menos cuatro instancias que creemos decisivas, a saber: una bolsa de valores cooperativos, una bolsa de trabajo cooperativo, un mercado de capitales cooperativo, y un servicio de fomento, programación y desarrollo tecnológico del sector cooperativo. Tampoco a este respecto podemos adentrarnos aquí en mayores detalles y precisiones.

El tercer desafío es el de repensar el proyecto cooperativo global y las perspectivas transformadoras del movimiento, habida cuenta de las nuevas condiciones de crisis existentes en la sociedad así como los deferentes desarrollos alternativos emergentes a nivel tecnológico, organizativo, social y cultural.

En esta perspectiva la propuesta básica que hemos hecho es la de buscar la constitución de un sector de economía de solidaridad, capaz de integrar junto al Cooperativismo y la autogestión las nuevas experiencias de organización económica popular y numerosos centros e instituciones que han dado en denominarse organizaciones no gubernamentales de desarrollo. Tal sector podría articularse en torno a una propuesta global de desarrollo alternativo, capaz de luchar por una consistente democratización de la economía y del mercado. Para darle cierta consistencia a este enunciado, es preciso concentrarnos en algunos conceptos teóricos claves.

Para comprender con rigor, superando el nivel de las simples afirmaciones valóricas e ideológicas, la importancia y las funciones que pueden asumir el Cooperativismo y la autogestión en un proceso de democratización del mercado y del Estado, es necesario y parece oportuno comenzar examinando lo que puede entenderse por “mercado democrático” y “Estado democrático”, ver luego en qué puedan consistir los procesos de democratización de la economía y de la política, que nos conduzcan o nos aproximen hacia aquella conformación democrática del mercado y del Estado; y entonces, sobre la base de una consistente construcción teórica, centrar la atención en el Cooperativismo y la autogestión para descubrir en ellos los elementos que permitan considerarlos parte de la democracia, y aquellas energías que puedan desplegar para construirla. Todo esto, en los límites de una exposición breve, no puede sino ser esbozado; pero las observaciones que siguen responden a una extensa investigación sobre el tema.

V. El concepto de mercado democrático

En su evolución, la ciencia económica ha proporcionado diversas definiciones del mercado, todas ellas caracterizadas por la separación analítica de un ámbito particular de la realidad, que se constituye como objeto propio de su disciplina científica, distinta de otros ámbitos o niveles (lo social, lo político, lo cultural) que a su vez son objeto de disciplinas como la sociología, la ciencia política, la antropología cultural, etc. Procediendo de esta manera, los economistas teóricos han tendido a “cosificar” las relaciones económicas y el mercado mismo, lo que se ha visto reforzado por la tendencia a la matematización del conocimiento económico, con lo cual –adquiriendo la disciplina la apariencia de una ciencia exacta- han podido no prestar la suficiente atención a las críticas de quienes, desde Hegel, desde Marx, han insistido en que las actividades económicas son praxis social, y las relaciones económicas relaciones entre personas y grupos sociales.

La economía como disciplina científica nace junto con el capitalismo; siempre ha habido actividades económicas, pero no siempre ha habido una ciencia de la economía. Lo que hizo posible la formación de esta disciplina, en un contexto cultural en que predominaba la concepción positivista de la ciencia como conocimiento de fenómenos dotados de regularidad y automatismos susceptibles de ser expresados en fórmulas y leyes, fue precisamente la expansión del sistema capitalista que difundió un tipo relativamente homogéneo de homo economicus, cuyos comportamientos son regulares y predecibles, y que impuso al conjunto de los sujetos económicos una “racionalidad” que siendo particular fue postulada como universal. Ello permitió que la realidad económica, y el mercado y sus procesos en particular, fuesen inteligibles en términos de variables (oferta, demanda, precios, etc.), de sectores, de automatismos y de equilibrios. Con el término mercado la teoría económica designó la organización concreta de los intercambios de bienes y servicios entre vendedores y compradores, conforme a un determinado sistema de precios, regulados por las dos grandes fuerzas económicas de la oferta y la demanda.

La progresiva complejización de las economías modernas, las crisis, la creciente intervención del Estado en la economía, la presencia organizada de las fuerzas del trabajo, los procesos de autonomización de diferentes categorías y sujetos económicos que organizan y despliegan actividades en función de su propia valorización, etc., han llevado a la elaboración de nuevas corrientes del pensamiento económico que han reformulado el concepto de mercado, concibiéndolo ya no sólo como la organización de las relaciones de intercambio entre empresarios y consumidores sino, más ampliamente, como el mecanismo de asignación de recursos, distribución de ingresos y coordinación de las decisiones económicas. Concepto que, si bien supera algunas limitaciones del anterior, mantiene un significativo grado de cosificación de las relaciones económicas al concebir su articulación en términos de un "mecanismo", y sobre todo mantiene aún demasiado separada la esfera de lo económico de los demás aspectos sociales, culturales y políticos de la vida social y su reproducción.

Con los conceptos de mercado mencionados, no es posible dar consistencia teórica a un modelo de “mercado democrático” y a una propuesta de democratización del mercado. La problemática económica continúa centrada en el debate sobre los modos de la “asignación óptima de los recursos” y en la cuestión de la mejor o más justa “distribución de los ingresos”.

Un reconocimiento cabal de las dimensiones subjetivas implicadas en la actividad y los procesos económicos; la asunción teórica de la existencia de diferentes racionalidades económicas operantes en los procesos de producción, distribución y consumo concretos; la percepción de los nexos íntimos que hay entre las esferas económica, política y cultural, cuya distinción es más gnoseológica que real, nos lleva a una reformulación del concepto de mercado, siguiendo una idea originalmente propuesta por Gramsci: “El mercado determinado –escribió- es una determinada relación de fuerzas sociales en una determinada estructura del aparato de producción, relación garantizada (es decir, hecha permanente) por una determinada superestructura política, moral, jurídica”.

Podemos entender por mercado todo el complejo sistema de interrelaciones y de relaciones de fuerza que se establece entre todos los sujetos, individuales y colectivos, públicos y privados, formales e informales, que ocupan diferentes lugares en la estructura económica, que cumplen distintas funciones y actividades y que participan con distintos fines e intereses en un determinado circuito económico relativamente integrado, o sea, que forman parte de una cierta formación económico-política en relación a cuyos procesos de producción y distribución persiguen la satisfacción de las propias necesidades e intereses.

Cada uno de los sujetos que forman parte del mercado despliega en éste sus propias fuerzas, con el objeto de participar en la distribución de los bienes y servicios y en la asignación de los recursos, en la forma más amplia posible. Es un sistema de relaciones de fuerza porque los distintos sujetos que en él se interrelacionan, luchan por los recursos, bienes y servicios. En el proceso de esta lucha, los distintos sujetos pueden actuar independientemente o asociarse, establecer alianzas, buscar protecciones, actuar correctamente, engañar o hacer trampas. Los sujetos se constituyen en el proceso como fuerzas sociales que potencian sus posiciones organizándose, adquiriendo coherencia ideológica y cultural, tomando conciencia de sus propios intereses y posibilidades, actuando políticamente sobre la sociedad y el Estado para obtener más poder de presión y conducción.

La institucionalidad jurídica y política, condicionada por la relación de fuerzas existente, a su vez regula el accionar de los distintos sujetos sociales y económicos, garantizando los derechos y deberes de cada uno, estableciendo los límites y posibilidades de un accionar legítimo, favoreciendo algunos sectores sociales sobre otros, subsidiando y protegiendo, etc. En tal sentido, ella es también parte integrante –relevante- del mercado. Todos los fenómenos y tendencias que manifiesta la economía han de entenderse como resultado de esta compleja interacción conflictual; el sistema de precios, por ejemplo, refleja la correlación de fuerzas dadas y no sólo las variaciones de la oferta y la demanda; la inflación es un proceso redistributivo de la riqueza social que expresa un movimiento o un cambio en la correlación de las fuerzas sociales.

Así entendido, todo sistema económico constituye un mercado, que puede estar organizado en distintas formas: con mayor o menor control e intromisión del Estado, con mayor o menor libertad de iniciativa individual, con mayor o menor igualdad social, con procedimientos más o menos racionales de distribución de los bienes, servicios y recursos, con distintos grados de concentración oligárquica o de participación democrática, con distinto grado de autonomía de los diversos actores económicos, sociales, políticos y culturales.

Con este concepto de mercado, la elaboración teórica de un modelo de mercado democrático, y el diseño de un proyecto o estrategia de democratización del mercado, se hacen posibles, abriéndose un nuevo espacio de análisis y reflexión económico-política en el que los temas de la óptima asignación de los recursos y de la justa distribución de la riqueza quedan integrados en una perspectiva más amplia.

En una primera aproximación, podemos considerar democrático aquél mercado determinado en el que el poder se encuentre altamente distribuido entre todos los sujetos de acción económica, repartido entre una infinidad de actores sociales, desconcentrado y descentralizado. En contraposición a éste encontramos el mercado oligárquico, en el que predominan oligopolios y monopolios, en el que el poder y la riqueza se encuentran altamente concentrados mientras de ellos son excluidos o marginados amplios sectores de la población. Se trata de dos extremas y opuestas correlaciones de fuerzas sociales.

VI. Las condiciones de existencia de un mercado democrático

La diseminación democrática del poder implica que operen eficientemente en la actividad económica ciertas condiciones generales básicas. Es necesario, por de pronto, la existencia de una real libertad de iniciativa económica, tanto de los individuos como de las comunidades y grupos organizados. Queda planteado con esto un problema, pues siendo evidente que la distribución social del poder económico y político requiere la libertad de iniciativa, una cierta forma de concebir y organizar la libertad individual en el capitalismo ha conducido precisamente a la concentración del poder y a la marginalización. El problema no se resuelve con declaraciones de principio o de definiciones sobre el contenido de la libertad, sino que ha de ser enfrentado mediante una concreta traducción de los principios en el plano organizativo de la vida social. A ello nos referiremos más adelante; por el momento, en el plano general de esta primera aproximación, el problema puede quedar mejor acotado mediante la consideración de otras condiciones igualmente necesarias.

En efecto, condición de una estructura democrática en las relaciones de fuerza es también la existencia de efectivas posibilidades de participación, a distintos niveles de la toma de decisiones, por parte de todos los sujetos involucrados en las actividades y que resultan afectados por las decisiones en cuestión.

Una tercera condición del funcionamiento de un mercado democrático puede ser planteada en estos términos: no hay efectiva diseminación y descentralización del poder sino cuando “el poder” no es un elemento principal de la vida social, y cuando buscar su ejercicio no constituye una motivación central de la voluntad, sea individual o colectiva. Tal situación puede darse sólo allí donde exista un grado importante de integración social y de solidaridad, esto es, en una sociedad donde los elementos de unión predominen sobre los factores de conflictualidad.

Una última condición, no menos importante que las anteriores, es la estructuración democrática del Estado; en efecto, dada la enorme fuerza que tiene el poder político central del Estado, es evidente que no puede darse una relación de fuerzas equilibrada a nivel económico-social cuando un grupo particular mantenga el control exclusivo o hegemónico del estado, o cuando éste ejerza autoritariamente sus funciones propias. No puede haber democracia en lo económico sin democracia política, siendo igualmente necesario que el poder público se encuentre descentralizado, que la sociedad civil ejerza controles efectivos sobre la sociedad política, que ésta se encuentre organizada en base a normas impersonales. Todo ello implica también que el poder del estado sea lo más reducido posible, pues mientras mayor sea éste más grande serán también las posibilidades que restrinja las libertades, que se dificulte la participación, que la lucha por el poder se exacerbe, que exista un espacio en el que se verifique la concentración del poder.

Entre las diversas elaboraciones teóricas de modelos económicos, aquella que parece aproximarse más a nuestra definición de mercado democrático es la de un mercado de competencia perfecta. Con la expresión “competencia perfecta” los economistas suelen designar una hipotética situación de mercado en la que los diferentes actores económicos enfrentan precios dados y no están en condiciones de influir sobre la oferta y la demanda globales. Ellos no tienen poder sobre las condiciones existentes en el mercado, siendo su acción económica insignificantemente pequeña en relación al funcionamiento conjunto de la economía.

Ha sido insistentemente observado que una tal situación de competencia perfecta no existe ni ha existido nunca en la práctica, de manera que dicho modelo conceptual no sirve para comprender ni guiar los procesos económicos concretos. Sin embargo, ello no invalida completamente el concepto en la medida que se lo entienda como un modelo hipotético que sirva para evaluar el grado de competitividad o de “perfección” de un mercado determinado. En tal sentido, en la realidad encontramos grados más o menos declarados de competencia “imperfecta”.

Es una opinión muy difundida que en los comienzos del capitalismo la competencia era muy amplia, y que como consecuencia de la lógica concentradora del capital ella ha sido progresivamente sustituida por una economía monopolista. La historia económica es, sin embargo, distinta y más compleja; el mercado capitalista ha pasado por distintas fases, no siendo la primera la de mayor competencia ni la última la de más alta imperfección del mercado. En todo caso, el desarrollo del capital financiero de grupos económicos altamente concentrados, la creciente intervención del Estado en la economía y otros fenómenos anexos han conducido a una situación de mercado caracterizable en términos de mercado oligopólico; debe reconocerse, sin embargo, que la presencia de monopolios y oligopolios que concentran proporciones crecientes de poder en el mercado no elimina de la escena económica las pequeñas y medianas unidades competitivas.

Pero lo que nos interesa destacar apunta más bien en la dirección de identificar las relaciones existentes entre el grado de concentración y las formas de mercado. El proceso de concentración acrecienta el poder de mercado de las mayores empresas, sean éstas monopólicas o no, de manera que un mercado más concentrado es un mercado más oligárquico; por el contrario, un mercado que se aproxime a la situación de competencia perfecta es un mercado en que el poder se haya más difundido, siendo, en consecuencia, un mercado más democrático.

Es necesario detenernos en esta última afirmación. Hemos dicho que en teoría económica se concibe la competencia perfecta para designar aquella situación en que los actores económicos enfrentan precios dados y no tienen influencia ni poder sobre el mercado. Pero esta definición en realidad, carece de verdadero sentido teórico: porque el mercado es, esencialmente y siempre, relación de fuerzas, correlación de poder. Los precios no son nunca “dados” sino el resultado de decisiones de los agentes económicos, y cada uno de éstos tiene siempre un cierto poder de determinarlos. En un mercado concentrado las influencias de los monopolios y oligopolios sobre los precios se hace evidente, pues concentran un poder muy grande. En un mercado altamente competitivo los precios son el resultado de múltiples decisiones en sentidos diversos que dan una resultante general. Como el sistema de precios resulta de la composición de todas las fuerzas, pareciera que él no corresponde a la voluntad de ninguno; pero la decisión de cada uno tiene siempre un efecto que es mayor que cero.

De este modo, el concepto de competencia perfecta debe ser corregido y reformulado en base al nuevo concepto de mercado, en términos que resultan corresponder con la definición hecha del mercado democrático. En cualquier caso, la teoría sobre el modo de funcionamiento del mercado de competencia perfecta conserva una evidente utilidad para nuestros propósitos de comprender las condiciones, y el modo de ser, del mercado democrático.

En particular, esta reformulación del concepto de competencia perfecta no invalida la demostración teórica que han hecho los economistas en el sentido de que el libre juego del mercado en condiciones de competencia perfecta conduce a la asignación óptima de los recursos y a la equitativa distribución del ingreso. Dicha argumentación no ha sido refutada por los críticos de la economía de mercado. Lo que éstos han hecho ha sido demostrar que la competencia perfecta no ha existido nunca en la práctica en forma plena, y que por tanto aquella teoría no es aplicable a la realidad, que ella no sirve para justificar el capitalismo. Se ha visto también que la forma capitalista de la competencia conduce a la concentración del capital, y que en consecuencia destruye en la práctica los mismos supuestos en que se funda la teoría. Pero el modelo teórico de la competencia perfecta, si se aceptan los supuestos, mantiene su validez.

El problema es, pues, construir en la práctica los supuestos de la teoría. Tal construcción práctica de los supuestos teóricos sería, de hecho, el contenido esencial de un proceso de democratización del mercado.

Una primera condición de la competencia perfecta es la atomización del mercado, en el sentido que los distintos factores económicos (capital, tecnología, trabajo, consumo, etc.) no se encuentren monopolizados o concentrados en un reducido número de sujetos económicos, sino distribuidos en una grande y creciente cantidad de operadores independientes que, precisamente por eso, compiten entre sí con igualdad de oportunidades, tendiendo cada uno a maximizar su beneficio pero no pudiendo ninguno de ellos obtener beneficios extraordinarios a costa de los demás.

La segunda condición es el libre acceso al mercado de nuevas unidades económicas, que entren en concurrencia con las ya existentes.

La tercera condición es la plena ocupación y movilidad de los factores productivos.

La cuarta condición de la competencia perfecta es la transparencia del mercado y la óptima información respecto de las alternativas presentes ante cada operación y actividad económica.

Si observamos y reflexionamos en profundidad sobre el contenido de estas cuatro principales condiciones que los economistas teóricos han identificado como condiciones del funcionamiento de un mercado de competencia perfecta, descubriremos que ellas no son distintas sino convergentes e incluso coincidentes con aquellas otras cuatro condiciones que expusimos anteriormente, como condiciones generales de la diseminación del poder constitutivo de la relación de fuerzas que define al mercado democrático, a saber, la existencia de una real libertad de iniciativa económica tanto de los individuos como de las comunidades y grupos organizados, la efectiva participación en la toma de decisiones por parte de todos los sujetos involucrados en las actividades económicas, la existencia de un importante grado de integración social y de solidaridad, y la estructuración democrática del Estado.

La demostración de que estas condiciones democráticas son necesarias para que se concreticen las condiciones de la competencia perfecta exige consideraciones y análisis que no caben en esta exposición; pero la sola demostración de que por ambas vías se puede igualmente acceder a la democratización del mercado nos pone en condiciones de comprender cuáles han sido y son los obstáculos, las causas que han impedido la existencia de economías democráticas, cuáles serían los modos de avanzar concreta y aceleradamente hacia tal democratización, y qué roles puede cumplir en ello el Cooperativismo y la autogestión.

VII. El Cooperativismo en el proceso de democratización del mercado

En Empresa de trabajadores y economía de mercado, desarrollamos ampliamente la teoría –demostrándola histórica y racionalmente- de que la concentración y monopolización de la economía, las trabas al acceso de nuevas unidades económicas al mercado, el desempleo de factores y las restricciones a su movilidad, así como la oscuridad del mercado y el manejo restrictivo de las informaciones, son consecuencia directa de la estructuración capitalista de la economía (definida por el hecho de que en ella el capital se presenta como el factor económico organizador de la mayor parte de las actividades económicas, subordinando a su lógica y funcionalizando a su propio crecimiento y valorización a todos los demás factores económicos), y consecuencia indirecta de los mecanismos a través de los cuales los factores subordinados –concretamente personalizados en categorías sociales determinadas- han reaccionado a dicho predominio en formas que sin embargo no logran superar su subordinación.

En el mismo libro, demostramos que el Cooperativismo y el desarrollo de actividades económicas autogestionadas, constituyen en su esencia misma procesos y formas organizativas a través de los cuales un conjunto de factores económicos distintos del capital, tales como el trabajo, el consumo, el ahorro, la tecnología y la administración, experimentan un proceso de autonomización respecto al capital, y se constituyen como categorías económicas organizadoras de actividades y unidades económicas de distinto tipo, que liberan y desarrollan nuevas energías sociales, y que junto con incidir en el mercado introduciendo en él racionalidades económicas distintas a la capitalista, van configurando a través de su progresiva expansión una nueva relación de fuerzas, un potenciamiento de las categorías y personas hoy subordinadas que están a la base de estos respectivos factores económicos. El Cooperativismo es, pues, un fenómeno organizativo que apunta a superar las raíces mismas de la estructuración oligárquica del mercado.

A través de su acción concreta, además, él va construyendo las condiciones necesarias para el funcionamiento del mercado democrático y de la competencia perfecta, tal como la hemos redefinido.

El desarrollo de unidades económicas autogestionadas y cooperativas organizadas por las categorías hoy subordinadas del trabajo, el consumo, la tecnología, etc., tiene desde el punto de vista de la desconcentración económica un doble efecto: al autonomizar las categorías subordinadas reduce los márgenes de ganancia extraordinaria que el capital obtiene precisamente por dicha subordinación, contrarrestando el proceso de acumulación y concentración capitalista; al mismo tiempo, creando nuevas posibilidades de desarrollo de las categorías que se organizan cooperativamente, conduce progresivamente a una desconcentración de ellas mismas, haciendo innecesaria su organización defensiva subordinada.

La presencia de un amplio sector de empresas organizadas por la fuerza de trabajo, la creación tecnológica, el ahorro y el crédito, etc., torna efectivamente más fácil y libre el acceso al mercado: estas categorías económicas no sólo pueden acceder al mercado vendiéndose o siendo contratadas por el capital sino también organizándose a sí mismas y contratando a los demás factores necesarios para la constitución de nuevas unidades económicas; las empresas capitalistas deberán competir con ellas no sólo en el mercado de los productos sino también, y especialmente, en el mercado de los factores, los cuales, al tener otras alternativas de ocupación autónoma, se verán globalmente valorizados e incrementarán su poder de negociación.

La desocupación de factores económicos y productivos será también fuertemente reducida si tales factores desarrollan sus capacidades autónomas de organizar actividades económicas. La fuerza de trabajo podrá ser contratada por el capital y también organizar actividades económicas de riesgo; las capacidades de consumo podrán encontrar satisfacción en los productos que ofrece el mercado y también demandar asociativamente bienes y servicios de características y precios particulares; las innovaciones técnicas podrán ser ofrecidas para su utilización en empresas organizadas por otros factores y también ser la base para la formación de unidades productivas nuevas. Resultará de este modo ampliada no sólo la ocupación de factores y recursos sino también su movilidad, en presencia de alternativas múltiples.

El perfeccionamiento de la información y la transparencia del mercado tienen como requisito la desconcentración económica, la reducción del predominio del capital y la autonomización de las categorías económicas actualmente subordinadas. En este sentido, el desarrollo de un sector cooperativo amplio tiene efectos relevantes. Organizaciones autónomas de los consumidores perfeccionarán la información de éstos respecto de los bienes y servicios ofertados; unidades productivas organizadas por trabajadores ampliarán el conocimiento de sus integrantes respecto a las condiciones generales y el modo de funcionamiento de la economía, conocimiento que será naturalmente transmitido progresivamente a la fuerza de trabajo en general; la existencia de posibilidades nuevas de actividad económica en base a la creación e innovación tecnológica ampliará la información respecto de las tecnologías y métodos de producción y organización.

En síntesis, la construcción práctica de las condiciones de la competencia perfecta, redefinidas como condiciones del funcionamiento de un mercado democrático, implican el desarrollo de un proceso multifacético, con dos líneas principales de acción entrelazadas. Una acción tendiente a superar la subordinación de los factores y categorías económicas distintas del capital, mediante el desarrollo de organizaciones y actividades alternativas y autónomas, y una acción tendiente a reducir el poder del capital a través de un precio anti-oligopólico y desconcentrador. Reducción del poder económico del capital e incremento del poder y de la autonomía de los demás factores actualmente subordinados, configuran un proceso de creación de una nueva relación de fuerzas sociales, un proceso de redistribución y descentralización radical del poder, un proceso de democratización del mercado.

No me parece necesario argumentar mayormente cómo el desarrollo de un amplio sector autogestionado y cooperativo opera también directamente en el sentido de hacer realidad las condiciones que definimos necesarias para el operar democrático del mercado, esto es, la libertad de iniciativa económica, la participación, la integración social solidaria y la democratización política y estatal.

VIII. Viabilidad y potencialidades de expansión del Cooperativismo

Pero se presenta, en cambio, otra interrogante crucial respecto de la viabilidad de un proceso como el que hemos definido. La duda surge, legítimamente, porque no obstante su larga historia y su difusión efectiva, vimos como el Cooperativismo ha manifestado límites y crisis en su crecimiento, y no ha llegado a imponerse como sujeto histórico autónomo dotado de efectiva capacidad de dirección de los cambios económicos y políticos.

Ya nos referimos a las causas internas al fenómeno cooperativo determinantes de problemas y limitaciones, y propusimos caminos para enfrentarlas al nivel de la empresa cooperativa y de la integración del sector cooperativo.

Pero además de las causas internas, hay factores externos explicativos de las limitaciones históricas del Cooperativismo. En el plano político puede señalarse la definida opción teórica y organizativa del movimiento obrero y socialista –que ha canalizado gran parte de las energías sociales e intelectuales orientadas hacia la construcción de una sociedad distinta- por formas de lucha partidista y de masas fundadas en la afirmación de la “primacía de la política” en vistas de conquistar el Estado antes de iniciar la transformación de la economía o del mercado, y por un modelo colectivista y estatista de la sociedad a que se aspira. En el plano económico, la tendencia que con extraordinaria fuerza se ha manifestado especialmente a partir de la “gran crisis”, a enfrentar los problemas del crecimiento productivo y de las desigualdades y marginación social a través de una expansión de la intervención pública en la vida económica y mediante el desarrollo de un Estado asistencial, con la consiguiente reducción del espacio de respuesta posible emergente desde la base social misma.

Ambos aspectos tienen una misma raíz. Frente al predominio del capital y a la subordinación y exclusión que implica, la respuesta organizada a nivel político y económico se ha orientado en un proceso en el que otra categoría económica –el poder público representado por el Estado- se ha levantado como categoría económica organizadora, autónoma y universal que subordina a las demás. Tal proceso no se ha desplegado sin contradicciones con las fuerzas organizativas del capital; en el conflicto entre ambas categorías económicas que luchan por la preeminencia, en algunos casos se ha impuesto plenamente el Estado, subordinando al mismo capital junto con todas las demás categorías económicas, dando lugar a una economía planificada centralmente, conocida como socialista; en otros casos se ha llegado a la configuración de una economía mixta, donde el capital y el Estado organizan cada uno conjuntos de actividades económicas complejas, compartiendo en tal sentido la posición dominante.

Bajo la inmensa fuerza desplegada por el capitalismo y por el estado, empeñados en procesos de acumulación acelerada, los factores subordinados del trabajo, el consumo, la tecnología, etc., encuentran espacios limitados para su organización independiente y su autonomización.

Una observación más detenida de este proceso nos permite explicar por qué pensamos que ahora, en las actuales condiciones de la economía y de la política, es posible que el Cooperativismo desarrolle nuevas fuerzas propias que, junto con acelerar su crecimiento organizativo, le permita desplegar sus potencialidades transformadoras en la perspectiva de la democratización del mercado y del Estado.

El predominio del capital sobre el conjunto de los recursos económicos –el capitalismo-, tiene su origen en el desarrollo de las libertades individuales, en los albores de la sociedad moderna, por parte de un grupo humano restringido: la burguesía propietaria de los medios de producción. Afirmada la libertad de pensamiento y de iniciativa económica, los individuos poseedores de capital imprimieron a las actividades productivas, comerciales y financieras un dinamismo revolucionario, que produjo un notable desarrollo de las fuerzas productivas y generó una progresiva acumulación de los recursos productivos –y de las capacidades de organizarlos- en manos de una nueva clase empresaria. En su proceso de formación el mercado capitalista tiene una lógica de predominio y de rápida expansión, de modo que subordina y funcionaliza a sus propias exigencias todas las precedentes formas de producción y de intercambio, asimilando progresivamente fuerzas y recursos económicos dados; pero no está en condiciones de integrar a los propios circuitos a todos los grupos y componentes de la sociedad, de modo que aquellos que quedan al margen o que el mismo sistema margina, se encuentran frente a dificilísimas condiciones de subsistencia. En su expansión, el capitalismo va produciendo un conjunto de procesos y fenómenos sociales: crea nuevas condiciones de vida a todos aquellos que integra en su sistema y en su mercado, ampliando notablemente sus niveles de consumo y bienestar; pero a los sectores sociales que va integrando, les va simultáneamente quitando el control sobre sus condiciones de vida. Los trabajadores, artesanos, profesionales de distinto nivel, consiguen su integración al mercado en la medida en que logran ser contratados, en condiciones subordinadas al capital; van perdiendo la capacidad de generar autónomamente los medios de su sustento. Al mismo tiempo, quienes quedan desocupados, porque el capital manifiesta tener limitadas capacidades de absorción de los recursos humanos disponibles, experimentan un proceso de rápida pauperización.

El Cooperativismo fue una primera respuesta organizativa de quienes iban siendo desplazados por el avance de la avasalladora racionalidad del capital. Muchos trabajadores, artesanos, desocupados, pequeños propietarios de tierras y de negocios, y pequeñas empresas familiares se asocian entre sí y encuentran en el mutualismo y la ayuda recíproca un modo concreto de acceder al mercado y de alcanzar en éste una fuerza d contratación y de participación mayor. Pero esta respuesta era muy débil, y carecía del dinamismo y coherencia de la racionalidad capitalista, que continúa su obra asimiladora y simultáneamente marginadora, con respecto a esta misma respuesta organizativa.

Las fuerzas de trabajo asimiladas a la lógica capitalista en condiciones de explotación, junto a los grupos sociales marginados, comienzan a articular teórica y prácticamente, y progresivamente a darle consistencia organizativa, a otra forma de recuperación del control de sus propias condiciones de existencia. Sólo el Estado –el poder político central- parecía estar en condiciones de hacer frente al poder del capital; se concibe entonces para el proletariado en alianza con los demás sectores subordinados el gigantesco proyecto de tomar el control del poder político, para desde éste realizar un rápido proceso de “expropiación de los expropiadores”, esto es, la socialización de los medios de producción. Los individuos y los grupos sociales subordinados, no pudiendo recuperar para sí mismos en formas autónomas el control de sus condiciones de vida, lo lograrían indirectamente a través del Estado, controlado políticamente por un partido del proletariado, que lo haría funcionar como verdadero representante del bien de toda la colectividad.

Este proyecto no tiene éxito en las sociedades capitalistas centrales, pero su fuerza ideológica y organizativa conduce a la formación de los “socialismos reales” en sociedades de menor desarrollo, donde da lugar a procesos de industrialización y de desarrollo en que el estado se pone como la categoría económica organizadora, ocupando el lugar y las funciones que en las sociedades capitalistas tiene la categoría económica del capital.

En las economías que mantienen el predominio del capital, cuando ésta categoría económica empieza a mostrar sus límites en cuanto a la capacidad de asimilación de recursos, y el proceso de marginalización deriva en problemas sociales que se agudizan, dando lugar a crisis periódicas de creciente intensidad, el Estado comienza a intervenir cada vez más en los procesos económicos, organizando actividades productivas a partir de los recursos excedentes, regulando el funcionamiento del mercado, controlando los medios de producción fundamentales.

El fenómeno de la acentuación del rol público en la economía suele ser entendido como un modo de hacer frente a los desequilibrios críticos del mercado y como un factor de redistribución de ingresos; pero hace más que esto, al liberar, movilizar y organizar nuevas energías económicas que en el mercado capitalista puro no tenían espacios de acción. Capacidades empresariales nuevas son desarrolladas desde el Estado y por la misma burocracia pública; el poder político convoca a las multitudes en torno a proyectos nacionales de desarrollo, movilizando energías sociales que canaliza programáticamente. La planificación de ciertas actividades opera como instancia de racionalización de los recursos e iniciativas individuales y colectivas. En muchas sociedades que se incorporaron con retardo al mundo moderno, han sido estas fuerzas más que el despertar de las libertades individuales el motor principal de la modernización y el desarrollo.

En cualquier caso, el hecho relevante es la constitución de las llamadas economías mixtas, caracterizadas básicamente por el hecho de que en ellas son dos las categorías económicas organizadoras, universales y subordinantes: el capital y el Estado.

Desde hace ya una década, este modelo de economía mixta –y también las economías de planificación central- ha comenzado a manifestar signos de creciente agotamiento. Los recursos económicos de que dispone una sociedad determinada no conforman un stock fijo, sino que se incrementan junto con el desarrollo de las actividades productivas y comerciales. Y cada categoría económica parece tener capacidades limitadas de utilizarlos y organizarlos. De este modo, parece estar sucediendo algo similar a lo que se observó cuando el capital mostró sus límites en su capacidad de absorción, con las capacidades que en el mismo sentido ha desplegado el Estado. Y ello vuelve a manifestarse en la forma de una crisis, esta vez afectando tanto la economía privada como el “Estado benefactor”. La desocupación de fuerza de trabajo, que se expresa no sólo en la creciente dificultad que tienen incluso las economías más avanzadas para generar nuevos empleos, sino también en la gran cantidad de ocupaciones improductivas que a menudo conducen a un gigantismo burocrático que resulta ineficiente, es uno de los problemas económico-sociales más graves y difíciles de resolver actualmente. La desocupación de energías tecnológicas es también un fenómeno creciente, cuya manifestación más evidente es la dificultad que encuentran los especialistas científicos y técnicos formados por el sistema educacional para utilizar sus capacidades en el sistema productivo, y la divaricación que se está produciendo entre la investigación científico-tecnológica y las demandas de información y conocimiento que emanan del aparato productivo.

La actual crisis que afecta tanto al socialismo estatista y las concepciones tradicionales del movimiento obrero como así mismo a la respuesta intervencionista de los poderes públicos en la economía, replantea a la atención teórica y política las formas cooperativas de acción y organización, la autogestión y otros fenómenos anexos. A la base de ese nuevo interés por el Cooperativismo y la autogestión se encuentra la necesidad objetiva de una respuesta nueva, de una reorganización de la economía y del mercado de dimensiones equivalentes a la que se verificó como respuesta a la “gran crisis” de los años treinta. Surge espontáneamente el interrogante de si corresponde ahora al Cooperativismo, convenientemente renovado y científicamente potenciado, la histórica tarea de ofrecer una alternativa, o de ser un elemento activo de una solución que, canalizando la incorporación de fuerzas económicas nuevas y organizando autónomamente la acción de aquellos factores que el mercado excluye, conduzca a la implementación de un nuevo modelo de desarrollo.

IX. La libertad individual y la acción del Estado en la democratización del mercado.

Sin embargo, el análisis histórico nos pone en guardia frente a cualquier solución que postule una categoría económica determinada (cualquiera ella sea) como la dominante y totalizadora; en efecto, allí donde una categoría económica se constituye en dominante y subordina a todas las demás, ella se hiperdesarrolla manteniendo parcialmente desocupados y limitando el crecimiento de los demás recursos económicos, cuya asignación resulta entonces no ser óptima, porque se generan centros de poder hipertrofiados que alejan la economía de una situación democrática.

Con tales antecedentes, puede hipotizarse una respuesta de nuevo tipo, consistente en una profunda transformación del mercado en la dirección de liberar las potencialidades de todas las categorías y factores económicos para organizar autónomamente actividades y empresas, de manera que el mercado no funcione bajo el predominio de una de ellas, sino con múltiples centros de dirección y operación.

Ello implica que factores económicos como la fuerza de trabajo, la tecnología, el consumo y otros, vivan un proceso de autonomización respecto del capital y del Estado y se constituyan como fuerzas económicas con capacidad organizativa propia, capaces de constituir sectores económicos nuevos al lado de los sectores organizados por el capital y por el Estado. Ello iría acompañado de una reducción del tamaño relativo tanto del Estado como de las actividades económicas capitalistas, reducción paralela al crecimiento progresivo de los otros sujetos económicos autónomos. El resultado de esto sería una nueva correlación de fuerzas sociales en el mercado y una más plena ocupación de factores, que iría concretizando aquellas características y condiciones exigidas por un mercado democrático.

El proceso de democratización del mercado requiere, pues, tres niveles de acción convergentes, integrados en un sistema de acción transformadora coherente. Por un lado, la organización económica autónoma de las fuerzas y recursos –concretamente personalizados- que se encuentran actualmente subordinados o desocupados, y en particular del trabajo, el consumo y las fuerzas científico-tecnológicas; por otro lado, un proceso impulsado políticamente por el Estado, de carácter antimonopolista y desconcentrador del poder económico privado; y finalmente el traspaso de actividades y funciones económicas públicas que han llegado a ser fuente de déficit fiscal y de ineficiencia y burocratización excesivas, no por cierto al sector privado capitalista sino a las formas emergentes de organización económica de categorías actualmente subordinadas.

Así concebido, el proceso de democratización del mercado se constituye como un efectivo proceso de expansión de las libertades, y coincide con la socialización de la política y la democratización del Estado. La libertad de iniciativa económica, que en las sociedades capitalistas ha estado restringida a un sector social poseedor del capital, se va haciendo extensiva a las personas y grupos sociales que participan de la vida económica en función de otros recursos y factores económicos que aportan. Al ampliarse en tal medida las libertades, éstas dejan de operar en sentido concentrador, sino exactamente en la dirección inversa. Se hace patente que la concentración económica no es consecuencia de la libertad de iniciativa económica y de la libre competencia, sino del predominio del capital y de las limitaciones que éste impone a la competencia.

Igualmente, al expandirse las libertades se reducen proporcionalmente los espacios para el surgimiento de autoritarismos y totalitarismos en la vida estatal. En efecto, las tendencias anti-democráticas tienen su origen en dos fenómenos derivados del predominio que históricamente ha ejercido el capital sobre las demás categorías económicas. Por un lado, la concentración del poder económico lleva al predominio de quienes lo poseen sobre todas las esferas de la actividad social, incluidas las de naturaleza política. Por otro lado, la pérdida de control de las propias condiciones de vida por parte de los sectores subordinados crea en las multitudes una situación de inseguridad, un “miedo a la libertad” –como lo define E. Fromm- que las lleva a seguir promesas y políticas mesiánicas; en base a ellas, se traspasa a la gran institución estatal la responsabilidad de garantizar a las personas los medios de existencia, entregándose nuevamente el control de las propias condiciones de vida a un poder ajeno, esa vez de carácter burocrático

La recuperación del control sobre las condiciones de la propia existencia se pone, entonces, como la gran tarea democratizadora de la economía y de la política, y en ella el Cooperativismo y la autogestión aparecen como uno de los medios más directos y eficaces

Notas:

(1) Cfr. L. Razeto Migliaro, Empresa de trabajadores y economía de mercado. Para una teoría del fenómeno cooperativo y de la democratización del mercado. Programa de Economía del Trabajo, Academia de Humanismo Cristiano, 1982.

(2) Cfr. L. Razeto, A. Klenner, A. Ramírez, R. Urmeneta; Las Organizaciones Económicas Populares, Ediciones PET, Santiago, Segunda edición 1986. También: L. Razeto, Economía Popular de Solidaridad, edición del Área Pastoral Social de la Conferencia Episcopal de Chile, Santiago, 1987.